Nos estamos acostumbrando a las «cumbres»; es decir, a las reuniones de alto nivel entre los dirigentes de los países más ricos del mundo, como el G-7 por ejemplo.
La chispa del estallido social
Ahora ha surgido un nuevo foro mundial que concentra la atención del mundo cada vez que se convoca a una nueva reunión. Se trata del G-20, es decir, el grupo de los países que más influyen en la economía mundial. Si el G-7 lo constituyen los países ‘top’ (USA, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia), el G-20 incluye a los países llamados «emergentes», entre los cuales se destacan China, India, Brasil, entre otros.
A mediados del siglo XX el mundo estuvo dividido por intereses políticos, ideológicos. Se hablaba entonces de «guerra fría», de la «Cortina de Hierro», de la «Cortina de Bambú». Hoy el escenario mundial está marcado por la «globalización». El avance tecnológico en materia de comunicaciones, por ejemplo, ha convertido al mundo en la ya común expresión de «aldea global».
Aun persisten grandes diferencias y barreras entre las naciones. Aunque podemos comunicarnos por teléfono, Internet, o televisión con casi todas las naciones, aún no podemos viajar con libertad a cualquier país; sin embargo, en materia económica estamos muy conectados. Cualquier variación de precios de los combustibles, alimentos o materias primas, afecta de inmediato los precios en la mayoría de los países, y por ende, a la economía familiar de sus habitantes.
Preocupados por la actual crisis económica mundial, la reciente reunión del G-20 en Londres alcanzó importantes acuerdos que apuntan al surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional.
Si la cumbre de Washington, en noviembre pasado, será recordada por consagrar un nuevo orden mundial –con la incorporación de países emergentes al puesto de mando–, la reunión de Londres acaba simbolizando el alumbramiento de un nuevo sistema financiero.
El segundo embate del G-20 contra la recesión, también dejó clara la preocupación de los mandatarios de economías ricas y emergentes por la extensión de la crisis financiera a áreas como Europa oriental, América Latina o el sudeste asiático, que hace unos pocos meses crecían aún a buen ritmo. Precisamente para resucitar el préstamo en estos países va enfocado el multimillonario paquete aprobado, que suma 1,1 billones de dólares (820.000 millones de euros).
«Estamos en medio de la aplicación de un estímulo fiscal sin precedentes», dijo el primer ministro británico, Gordon Brown, al detallar el comunicado que plasmaba los acuerdos alcanzados. El documento final se hizo esperar – señal de que hubo que sudar algunos párrafos hasta última hora.
La presión de Francia y Alemania para lograr avances en la regulación del sistema financiero pareció llevar la cumbre a un callejón sin salida. Pero surtió efecto. Se acordó publicar una lista negra de paraísos fiscales y un arsenal de posibles sancionespara el caso de que no acepten intercambiar información. Se obligará a los grandes fondos de alto riesgo (hedge funds) a registrarse e informar sobre sus operaciones a los supervisores de cada país. Y al fijar los sueldos de los ejecutivos del sector, deberán seguirse códigos de buenas prácticas para evitar una recompensa por decisiones arriesgadas. Si el supervisor comprueba que no se siguen esas guías, podrá obligar a las entidades a reservar más capital para hacer frente a las consecuencias.
«Es la reforma más profunda del sistema financiero desde 1945», afirmó el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El otro gran protagonista de la cumbre fue el FMI (Fondo Monetario Internacional). La institución, que jugaba en los últimos años un papel marginal, recobra ahora un puesto decisivo en la solución de una crisis que se extiende a toda velocidad a los países en desarrollo, castigados por la retirada de capitales desde las economías avanzadas. Los países del G-20 decidieron triplicar la capacidad de préstamo del Fondo, con una inyección de 500.000 millones de dólares (370.000 millones de euros). Casi la mitad se captarán de forma inmediata, vía créditos de Japón (100.000 millones de dólares ya concedidos), la UE (otros 100.000 millones) y China (40.000 millones).
El secreto bancario
«La época del secreto bancario se ha terminado». Entre las palabras grandilocuentes que menudearon en el cierre de la cumbre de Londres, ésta sentencia se llevó la palma. La enunció el presidente Sarkozy, un habitual de las palabras con resonancias históricas. Pero lo hizo leyendo el comunicado final del G-20, como antes lo hizo el primer ministro británico, Gordon Brown, que matizó: «Más bien es el principio del fin del secreto bancario».
La discusión sobre cómo lidiar con los paraísos fiscales fue la última que se zanjó en la cumbre. Sarkozy y la canciller alemana, Angela Merkel, insistieron hasta el final en la necesidad de publicar una lista de aquellas plazas financieras que se escudan en el secreto bancario para evitar el intercambio de información con las autoridades de otros países, una vía abierta a la evasión fiscal.
La resistencia esta vez no vino por el lado anglosajón (varios paraísos fiscales son de bandera británica), sino por el de los países emergentes. El mandatario chino, Hu Jintao, secundado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, opusieron que sus países no pertenecían a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la institución internacional encargada de comprobar si se cumplen las normas internacionales en esta materia.
La resistencia de China y Brasil fue vencida con la decisión de que fuera la propia OCDE la que publicara esa lista, con la condición de que fuera asumida por todo el G-20. Además, se concedió a los países emergentes unos meses de prórroga (hasta finales de 2009) para que eviten el uso abusivo del secreto bancario en sus plazas financieras (Macao o Hong Kong, en territorio chino) y se ajusten a los estándares internacionales.
La OCDE publicó su lista, con tres categorías distintas según el grado de opacidad de estas plazas financieras. Los países que no colaboran con las autoridades fiscales ni se han comprometido a adoptar las normas internacionales en la materia son Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas.
Tras esta lista negra, hay dos listas grises, las de países que se han comprometido a cooperar, pero que por ahora apenas lo hacen. En una de ellas se señala a los considerados paraísos fiscales, 30 jurisdicciones entre las que se incluye a Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein, Belize, Bermudas, Islas Caimán, Mónaco, Panamá y Holanda. Por separado se señala a otros ocho centros financieros no cooperativos que no son propiamente paraísos fiscales: Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.
El acuerdo del G-20 no se detiene en la publicación de la lista. También remite a un conjunto de sanciones que los países del G-20 se comprometen a poner en marcha si estas plazas financieras no reconsideran de forma urgente su rechazo a intercambiar información.
«Ha sido la victoria del sentido común», afirmó Merkel cuando se le preguntó sobre las dificultades para alcanzar un acuerdo. ONGs como Intermon Oxfam recordaron que el dinero que se evade a paraísos fiscales desde países en desarrollo es mayor que el monto total de la ayuda al desarrollo que reciben. Y la delegación francesa no dejó de recordar que más del 60% de los fondos especulativos operan desde estas plazas financieras.
Amenaza de un gran estallido social
El revuelo mundial de la crisis económica tiene otro frente mucho más sensible – sus consecuencias sobre la masa laboral mundial. La sobreoferta de mano de obra a causa de despidos masivos, puede derivar en un estallido social de imprevisibles consecuencias.
La crisis financiera recesiva (que se expande por todo el planeta) ya derivó en «crisis social» por medio de dos actores centrales: La baja de la capacidad de consumo y la desocupación, que afecta principalmente a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad mundial. A este escenario, según un informe de la OCDE, se agrega un dato central: El 60% de la población laboral mundial trabaja sin contrato de trabajo ni prestaciones sociales. Esta situación –según los especialistas– va a derivar en que ese sector, sin cobertura ni protección legal, sea despedido en masa cuando la crisis recesiva se profundice y las empresas decidan «achicar costos laborales» para preservar su rentabilidad.
La «crisis social» afecta de manera diferente en la pirámide social: En las clases altas y medias se proyecta como una «reducción del consumo» (principalmente suntuario), en cambio en las clases bajas y marginales se expresa en la desocupación y en una restricción del consumo de los productos básicos para la supervivencia (principalmente alimentos y servicios esenciales).
La chispa del estallido social
Pero este escenario de masa laboral «desprotegida», que el sistema puede expulsar cuando quiere y sin ningún tipo de compensación, es parte integrante de un «cuadro general» de la exclusión y la marginalidad formado por: 1.400 millones de pobres, 963 millones de hambrientos y 190 millones de desempleados, en total 2.553 millones de personas (un 38% de la población humana), registrados –según la ONU y el Banco Mundial– en situación precaria antes del colapso financiero de las naciones más ricas.
Se estima que en el actual proceso de crisis financiera recesiva, que tuvo su epicentro en EEUU y Europa y que ya se extiende al mundo periférico, unos mil millones de personas van a ser expulsadas del circuito del consumo por la desocupación masiva desatada sobre los trabajadores y sus grupos familiares por el cierre de fábricas y empresas.
La amenaza de desocupación masiva es el núcleo esencial, el detonante central de los conflictos sociales que hoy ya se extienden por Europa y que se van a proyectar a corto plazo (por vía de los bancos y empresas transnacionales que despiden masa laboral a escala global) a toda la periferia de Asia, África y Latinoamérica.
Tanto el «milagro asiático» como el «milagro latinoamericano» (del crecimiento económico sin reparto social) se construyeron con mano de obra esclava y con salarios «en negro». Esto lleva a que, al caerse el «modelo» por efecto de la crisis recesiva global, el grueso de la crisis social emergente con despidos laborales en masa se vuelque en esas regiones.
Y tampoco es casualidad que en estas regiones subdesarrolladas o «emergentes» de Asia, África y América Latina se registre el mayor índice de población laboral en «negro» y la mayor cantidad de pobres, desocupados y excluidos que registra el sistema capitalista a escala global.
Pero de esta cuestión estratégica, vital para la comprensión de la crisis global y su impacto social masivo en las clases sociales más desprotegidas del planeta, la prensa internacional no se ocupa.
Los medios locales e internacionales están ocupados en dilucidar la «disminución de las fortunas de los ricos» y la pérdida de rentabilidad de las empresas y bancos que han generado la crisis por exceso de depredación capitalista y de concentración de riqueza, por medio de la explotación y apropiación del trabajo social colectivo.
En este escenario, y como sucede cíclicamente, nuevamente los sujetos y actores de la crisis social, los detonantes de las revueltas colectivas (tanto en los países centrales como en las periferias de Asia, África y América Latina) van ser los millones de desocupados y expulsados del mercado del consumo que no van a tener medios de subsistencia para sus familias.
La desesperación africana
El siguiente hecho pareciera, a primera vista, no tener relación con lo anteriormente mencionado. Sin embargo, forma parte del mismo y gran problema de fondo.
Una gran cantidad de cadáveres de inmigrantes africanos ilegales fueron encontrados en las playas mediterráneas libias hace no muchos días. Este fenómeno, ignorado por muchos, o considerado un asunto «marginal» en los reportes de prensa, no es sino la cara más extrema de una crisis olvidada.
Mientras la mayoría del mundo pone toda su atención en la crisis financiera, la caída de las bolsas y la quiebra de bancos y empresas, y del desempleo que esto acarrea, hay una gran parte de nuestra humanidad que ni siquiera ha tenido empleo, ni libertad, ni paz. Cada año miles de africanos arriesgan sus vidas, huyendo de regímenes brutales, del hambre y de la nula oportunidad de desarrollo, todo esto, agravado por las luchas étnicas y la discriminación religiosa.
Se estima que entre un millón y un millón y medio de emigrantes africanos parten cada año de Libia para alcanzar Europa, según la OIM. La mayoría proceden del oeste de África, sobre todo de Malí, Burkina Faso, Ghana, Níger, Nigeria y Costa de Marfil, o del Cuerno de África, en especial de Somalia y Etiopía.
En los últimos 20 años, el mar se ha convertido en un gran cementerio para miles de estos africanos desesperados que buscan el sueño europeo. Desde 1988 han perdido la vida más de 13.500 personas intentando llegar a la UE por esta vía, según la agencia de prensa especializada Fortpress Europa.
Reportes de prensa dan cuenta que sólo en el canal de Sicilia se han contado 3.163 muertos, y las previsiones no son optimistas. Según Laurence Hart, responsable de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en Trípoli, la situación en Libia «se está saturando», y miles de personas están entrando al país por las fronteras desérticas del sur.
La vigilancia de la ruta de Senegal a Canarias por parte de patrullas de la Unión Europea y Frontex ha obligado a los traficantes de personas a buscar otras alternativas. En el año 2007 llegaron a las costas sicilianas 20.455 africanos, y la cifra casi se dobló el año pasado, hasta alcanzar los 36.952.
Las autoridades han advertido que empezarán a patrullar conjuntamente en esa zona embarcaciones libias e italianas, tras el acuerdo firmado en marzo por los dos países. El ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, dijo que uno de los retos del G-8, que preside Italia este año, es «solucionar las causas de la pobreza» que empuja a los africanos a emigrar.
El presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, aseguró que las muertes de inmigrantes están convirtiendo el Mediterráneo «en un cementerio a cielo abierto», informa Efe.
Sin embargo, con las riquezas de Europa aparentemente tan cerca, migrantes desesperados seguramente continuarán poniendo sus vidas en peligro por lo que creen será su oportunidad de un futuro mejor.
Entretanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ruud Lubbers, lamentó en Ginebra que la UE no tenga lo que denominó «una política clara sobre inmigración… Creo que sería bueno que la UE llegara a un acuerdo para tratar de manera sistemática a las personas interceptadas en el Mediterráneo», expresó el ex primer ministro holandés.
Tres aspectos de una misma crisis
Hemos analizado brevemente tres aspectos de una misma crisis global, señal clara de los tiempos que vivimos, los desesperados esfuerzos de los responsables del manejo de la economía mundial por recuperar los equilibrios y la confianza necesaria para seguir desarrollando sus respectivos mercados. También hemos visto el riesgo de un estallido de protestas sociales de grandes magnitudes por parte de los principales afectados con la actual crisis, es decir los trabajadores y empleados que ven amenazado su sustento más básico.
Y finalmente, el extremo de una crisis humanitaria, los emigrantes africanos, quienes lo arriesgan todo (su ‘todo’ son sus propias vidas, lo único que en realidad poseen), con tal de alcanzar un sueño que sólo pueden ver a lo lejos, «al otro lado del Mediterráneo». Todo esto nos permite ver el descomunal contraste entre éstos y aquellos que van a la cárcel por estafar millones de dólares. Son los dos extremos de un mundo que extravió su razón de ser.
Despidamos este artículo con la promesa bíblica: «Habrá un justo que gobierne entre los hombres…» (2 Samuel 23:3).